El Derecho No Inmigrante (DNI) o impuesto a cruceristas, es una prueba fehaciente de cómo se aprueban iniciativas al vapor en nuestro país, sin el debido análisis previo para determinar su viabilidad.
Porque ya en su momento, tanto las navieras como la autoridad en turno en Cozumel expresaron su total rechazo, en primera instancia porque podría reprimir una actividad que es vital para la economía de Cozumel, y porque de igual manera generaba una ola de dudad en torno su aplicación.
De manera que éste “madruguete” del Gobierno Federal, que aprovechó la premura con la que se aprobó el Paquete Fiscal 2008 en el Congreso de la Unión, bien pudiera abortar ante la falta de un mecanismo ágil para que se aplique.
De hecho, demostrando toda su experiencia y capacidad, el Senador Pedro Joaquín Coldwell emite una serie de recomendaciones, con base en las cuales todo apunta a que, por principio de cuentas la entrada en vigor de éste gravamen tendría que aplazarse mínimo hasta enero de 2009, con grandes posibilidades de que no llegue a aplicarse jamás.
Porque como diría con toda razón el diputado Aurelio Joaquín González, podría terminar saliendo más caro “el caldo que las albóndigas”, de manera que pudieran ser más los contras que los pros que generara este impuesto.
Y es que, por más que se le busque, son inevitables los problemas para su aplicación, ya que al ser inviable el cobro individual por pasajero, jurídicamente las navieras están inhabilitadas para realizarlo.
Según apunta el Senador Pedro Joaquín, tras diversas reuniones de trabajo entre los actores involucrados (navieras e instituciones públicas como INM y el SAT), se ha hecho patente que la puesta en vigor del DNI es impráctica, salvo que las compañías navieras adquieran el carácter de agentes retenedores con el objeto de que cobren el derecho al momento de la compra del crucero como se ha venido haciendo con las líneas aéreas.
Empero, las compañías navieras son compañías extranjeras sujetas a la legislación norteamericana en materia de derechos del consumidor y sin representación jurídica en México ni en lo individual ni en su conjunto, lo que impide la celebración de un convenio de cooperación para adquirir la calidad de agente coadyuvante del fisco mexicano, salvo por medio de negociaciones individuales con cada una de las doce compañías competidoras en el mercado mexicano.
Remarca que la opción de cobro del DNI por tanto, se debería hacer persona por persona al llegar a puerto mexicano, con consecuencias negativas tanto para los turistas a quienes se acortaría su tiempo de visita al puerto, como a las comunidades cuyo beneficio directo es la venta de productos y bienes turísticos en tierra.
Por lo que ante la inminencia de la entrada en vigor del DNI frente a éstos y otros aspectos complejos en su operación, a pesar de la diligencia de las dependencias públicas en la preparación de un sistema de permita sin duda cumplir con la ley, basado en la capacidad gubernamental para cobrar el DNI al momento del descenso de los pasajeros, hace recomendable la posposición de la aplicación del DNI con el fin de afinar las reglas de operación y probarlas.
De acuerdo a esta hipótesis, la vía óptima es la modificación del artículo ocho bis de la Ley Federal de Derechos antes de su entrada en vigor, Julio primero, para posponer su aplicación para Enero del año 2009.
Se señala de igual forma que la cantidad esperada de turistas entre Julio y Diciembre del 2008, con base en datos del Banco de México, oscila entre ochocientos mil y un millón de turistas, que el monto recaudable ascendería a cincuenta millones de pesos aproximadamente y que su reparto debería hacerse en forma proporcional al número de sus visitantes entre los veiticuatro destinos de cruceros del país, mediante convenio celebrado con los Estados respectivos, además de que al Instituto Nacional de Migración habría de corresponderle el cinco por ciento del total recaudado.
El resto se destinaría según la ley, a los destinos en proporción al número de visitantes. Sin embargo no existe una fórmula para cuantificar el número de visitantes que hacen su arribo a cada puerto, por lo que si se opta por un reparto parejo, los destinos que reciben mas turistas de cruceros se verían afectados, lo que generaría inconformidad por el reparto inequitativo.
De modo que tomando en cuenta todos estos factores y ante el inminente retraso en la entrada en vigor del impuesto, podría implicar la incapacidad para llevar a cabo el cobro, o en otras palabras, tendría que abortar.

Periodista
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